Alfonso Corral, CEO de Conversia
Cada 27 de junio, en el Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, la ONU nos recuerda su enorme contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel global, algo que es más representativo, si cabe, en España, donde estas organizaciones representan el 99 % del tejido empresarial. Con un papel trascendental en el desarrollo económico y social de nuestro país, las microempresas y pymes generan empleo, dinamizan el territorio y simbolizan el espíritu emprendedor que impulsa el desarrollo y la competitividad. Sin embargo, a pesar de su peso en la economía, siguen enfrentándose a múltiples desafíos, entre ellos uno especialmente delicado: el cumplimiento normativo.
Hablar de compliance en el contexto de una pyme puede sonar todavía ajeno y visto como un concepto más vinculado a las multinacionales. Nada más lejos de la realidad. En un entorno legal cada vez más complejo, la normativa no distingue por tamaño. Las exigencias en materia de protección de datos, prevención de riesgos penales, igualdad de género o comercio electrónico son aplicables a todo tipo de organizaciones y todas deben cumplir, desde un pequeño comercio hasta una entidad pública o una compañía del IBEX.
La diferencia está en los recursos disponibles. Mientras que las grandes compañías cuentan con departamentos internos especializados, muchas pequeñas y medianas empresas deben enfrentarse a estas obligaciones legales con estructuras reducidas, sin personal experto y con una presión operativa constante. El resultado: el cumplimiento normativo se percibe como una carga, una fuente de incertidumbre o, incluso, un riesgo latente de sanciones.
En un país como el nuestro, donde la normativa no solo es abundante, sino que además está estrictamente vigilada, el riesgo de sanciones es especialmente alto. Por ejemplo, solo en materia de protección de datos, el pasado año España impuso 242 sanciones por incumplimiento del RGPD, casi tres veces más que las 87 aplicadas por Francia. Este contexto convierte el cumplimiento normativo en una cuestión crítica, no solo para evitar multas, sino para garantizar la continuidad del negocio.
Por ello, la propuesta de valor de quienes, como nosotros, se dedican al compliance, debe centrarse en ofrecer paz mental. En el sector, asumimos la complejidad normativa para que las pymes puedan centrarse en lo que realmente importa: hacer crecer su negocio. Y, para lograrlo, contamos con la mejor aliada posible: la tecnología.
Nuestra experiencia con miles de clientes –la mayoría pymes y autónomos– nos ha enseñado que la clave está en adaptar la solución al cliente, no al revés. No se trata solo de “cumplir” con la ley, sino de entender qué necesita cada empresa y cómo puede implementar buenas prácticas de forma accesible, ágil y eficiente.
Cumplir con la normativa no es opcional. Pero tampoco debería ser un privilegio reservado a las grandes empresas. Cumplir con la ley debe ser tan accesible, comprensible y manejable como cualquier otra parte del negocio, también para quienes lo levantan con esfuerzo, cada día, desde lo pequeño.
Asimismo, con las herramientas adecuadas, el apoyo de profesionales especializados y una cultura preventiva, las pymes pueden evitar riesgos innecesarios y fortalecer su reputación frente a clientes, proveedores e inversores.
En definitiva, hacer fácil lo difícil: convertir la normativa en tranquilidad y simplificar su cumplimiento a través de la tecnología. Ese es nuestro propósito, y también nuestra forma de contribuir al éxito y la sostenibilidad de las microempresas y pymes.