Por Judith Gómez
Socia de VOX LEGIS ABOGADOS
Experta en derecho penal económico
Es en nuestro día a día, en la defensa de los intereses de nuestros clientes, es donde nos encontramos, indefectiblemente, con las mismas quejas, las mismas dudas y las mismas preguntas sin respuesta. Porque cuando se trata de la Agencia Tributaria, rara vez el ciudadano se siente acompañado: más bien se siente observado con desconfianza, como si su sola existencia ya levantara sospechas. Lo que debería ser —valga la redundancia— un servicio al servicio de los ciudadanos, sufragado por ellos y con la misión de garantizar una redistribución justa de la riqueza, se percibe con demasiada frecuencia como un tribunal inquisidor en el que uno comparece ya como presunto culpable y, a partir de ahí, debe esforzarse por demostrar lo contrario.
La polémica sobre los bonus de productividad de los inspectores de Hacienda estos días en el candelero, no es sino el reflejo de este malestar por un sistema inaceptable. ¿Qué confianza puede tener el contribuyente en la objetividad de quien, además de velar por la legalidad, percibe una retribución variable ligada a la recaudación obtenida? No se trata de cuestionar la profesionalidad de los funcionarios, pero sí de advertir que este sistema alimenta la sospecha de que el interés recaudatorio puede llegar a imponerse sobre las garantías fundamentales. Y esa sospecha es demoledora para la confianza en el Estado de Derecho.
Las prácticas que vemos casi en cada procedimiento en el que intervenimos, reflejan un patrón inquietante: actuaciones inquisitivas, y en ocasiones abusivas, que colocan al ciudadano en una clara situación de indefensión. La Agencia Tributaria dispone de los medios más modernos y sofisticados —tecnológicos, jurídicos y coercitivos— mientras que el ciudadano se ve en desventaja, muchas veces empujado a aceptar lo que se le propone para poder continuar con su negocio. Porque todos sabemos que Hacienda tiene un poder quasi omnímodo para paralizar una empresa sine die, bloquear cuentas o poner patas arriba la vida de una persona con una investigación prospectiva. Y en esas circunstancias, la resistencia parece una batalla desigual.
El problema de fondo es que lo que debería ser una colaboración entre administración y contribuyente se convierte en un pulso en el que, con demasiada frecuencia, la presunción de inocencia se diluye y es el ciudadano quien debe probar su buena fe. Se genera así una sensación de indefensión que, lamentablemente, no siempre es solo una sensación: muchas veces es una realidad jurídica y vital que arrastra a personas y empresas a aceptar acuerdos que no reflejan la verdad material de los hechos, sino la urgencia de sobrevivir.
Y cuando estas actuaciones derivan en acusaciones de delito fiscal —con penas que pueden alcanzar hasta los seis años de prisión en los casos agravados (art. 305 CP)—, la desigualdad entre las partes se hace aún más evidente. Es entonces cuando la defensa penal cobra un sentido pleno: no para eludir obligaciones tributarias, que son ineludibles en cualquier Estado social y democrático de Derecho, sino para garantizar que la administración no sobrepase los límites de la legalidad y que las garantías procesales del contribuyente no se conviertan en un formalismo vacío.
La discusión sobre los bonus debería ser, en realidad, el inicio de un debate más amplio: ¿qué modelo tributario queremos? ¿Uno que mida su eficacia únicamente en términos de recaudación o uno que combine eficiencia con respeto escrupuloso a los derechos fundamentales? La respuesta parece clara, pero lograrla exige vigilancia constante, conocimiento jurídico y una defensa firme de los principios que sostienen nuestro sistema democrático.
