El control horario vuelve a ocupar el primer plano del debate empresarial en España. El Gobierno prepara una actualización del marco normativo derivado del Real Decreto-ley 8/2019 que obligará a todas las compañías, independientemente de su tamaño, a reforzar sus sistemas de registro de jornada mediante herramientas completamente digitales. La medida llega acompañada de un endurecimiento significativo del régimen sancionador, con multas que podrían alcanzar los 7.500 euros por infracción, lo que ha generado inquietud entre pymes y autónomos ante un proceso de adaptación que resulta inevitable.
Esta reforma nace con un propósito claro: combatir las horas extraordinarias no remuneradas, garantizar un control homogéneo en todo el territorio y mejorar la trazabilidad de la jornada laboral. La Inspección de Trabajo ya ha anunciado que incrementará la supervisión en sectores donde tradicionalmente se concentran más horas extra, como hostelería, comercio, transporte o servicios. En una provincia como Málaga, con una fuerte presencia de actividades estacionales y turísticas, este refuerzo podría tener un impacto especialmente notable.
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