Desde el 1 de enero de 2024, de acuerdo con la Directiva UE 2021/514, las plataformas de compraventa de artículos de segunda mano como Wallapop o Vinted están obligadas a compartir cierta información sobre sus vendedores con Hacienda.

Ante esta novedad, Legálitas explica qué información pueden solicitar las plataformas a los vendedores, en qué casos es obligatorio que los usuarios declaren por las ventas que realizan en estas webs y a qué sanciones se enfrentan aquellos que no lo hacen.

¿Qué vendedores son vigilados?

Las plataformas de segunda mano deberán informar a la Agencia Tributaria sobre aquellos vendedores que hayan realizado más de 30 operaciones en un año u hayan obtenido más de 2.000 euros de beneficios en las ventas realizadas durante este periodo.

¿Qué información deben trasladar estos vendedores a las plataformas de segunda mano?

Legálitas destaca que las plataformas están obligadas a recopilar y verificar información sobre las transacciones que los usuarios hayan realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. De esta manera, por ejemplo, el 1 de enero de 2024 tuvieron que trasladar la información con relación al año 2023.

Para ello, la plataforma solicitará a cada vendedor que proporcione toda la información requerida en un plazo de 60 días, y tras esa recogida de datos, se lo notificará a la Agencia Tributaria, que será la que intercambie la información con el resto de los estados miembros, para así tener un mayor control en las operaciones realizadas. En el caso de que los usuarios no proporcionen los datos solicitados, pueden enfrentarse a sanciones.

En concreto, debe informarse de los datos personales y de las actividades económicas de sus vendedores, ya sean personas físicas o jurídicas, indicando las cuentas bancarias utilizadas, el domicilio social, la contraprestación realizada o cualquier información de interés fiscal.

Esta información será accesible a las autoridades fiscales del resto de países de la Unión Europea, con la excepción de que ya se haya comunicado dicha información por vía de otros operadores.

¿Qué operaciones vigila esta normativa?

La norma persigue un mayor control en las operaciones que se efectúan a través de este tipo de plataformas. Por ejemplo, si una persona compra o vende algún artículo de manera puntual, la operación no estará “tan vigilada”, salvo que con la venta del artículo se obtenga un beneficio, es decir, que el valor de venta del artículo sea superior al valor de compra, en cuyo caso, se deberá tributar por el beneficio obtenido en la Declaración de la Renta.

Legálitas especifica que lo habitual es que los usuarios de estas plataformas vendan los productos por un precio inferior al valor por el que los compraron y tengan pérdidas., lo que no tiene relevancia fiscal al derivar del propio consumo y no se pueden incluir en la declaración de IRPF.

¿Y si los usuarios obtienen un beneficio con el uso de estas plataformas?

La aplicación de esta directiva está enfocada especialmente a aquellas personas que hacen de este tipo de transacciones su medio de vida, es decir, que se dedican a comprar y vender u ordenan medios de producción propios para introducirlos en el mercado, siendo este tipo de operaciones una actividad económica. También para aquellas personas que, teniendo una fuente principal de ingresos, utilizan estas plataformas para sacarse un sobresueldo.

En ambos escenarios, la actividad implica que se ha obtenido un beneficio, por el que se debe tributar.

¿En qué casos se deben declarar los beneficios obtenidos?

Legálitas expone que si un usuario realiza operaciones a través de estas plataformas y obtiene beneficios debe tributar por ellos, ya sea en el ámbito de una actividad económica o a nivel particular. Si se realiza una actividad económica hay que darse de alta en Hacienda a través del modelo 036 (ordinario) 037 (simplificado); mientras que si se hace a nivel particular se deben tener al día las obligaciones fiscales respecto al IRPF.

Como ejemplo, si alguien compra una bicicleta por 500 euros y no usa y, al tiempo, la vende por 300 euros, esa persona tiene una pérdida derivada del consumo y no debe pagar nada. Por el contrario, si se compra esa bicicleta por 500 euros y luego la vende por 800 euros, tiene un beneficio de 300 euros que quede tributar al 19% en su declaración de IRPF, es decir, pagará 57 euros en su renta.

Consecuencias de no declarar los beneficios obtenidos

En el ámbito tributario siempre hay que estudiar cada caso de manera individualizada, ver cuántas operaciones se realizan, si se obtienen o no beneficios, qué tipo de operaciones se realizan, es decir, que habría que hacer un estudio exhaustivo de la situación de cada contribuyente.

En este sentido, Legálitas explica que, si un usuario no declara los beneficios obtenidos por la venta de un producto en este tipo de plataformas, se enfrenta a una posible reclamación por parte de Hacienda en la que deberá pagar lo no pagado y a una multa que puede consistir entre el 50% y el 150% de lo que ha dejado de declarar.