El Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy, con un amplio consenso, la Ley de Participación Institucional (LPI), una normativa que refuerza la transparencia y la seguridad jurídica en las relaciones entre los agentes económicos y sociales más representativos de la comunidad. Esta ley, respaldada por los grupos parlamentarios del PP-A y el PSOE-A, resuelve un asunto pendiente desde hace 18 años, según lo establecido en el Estatuto Andaluz.
La aprobación de esta ley sitúa a Andalucía al mismo nivel que las 14 comunidades autónomas que ya contaban con una normativa similar, dejando solo a dos regiones sin esta regulación. La LPI reconoce el trabajo de las organizaciones empresariales y sindicales en el ámbito institucional, considerándolo un pilar esencial para el progreso democrático y socioeconómico.
Principales aportaciones de la ley:
- Mayor calidad democrática: Fomenta la participación en la vida pública.
- Transparencia: Establece relaciones claras entre la administración y los agentes sociales.
- Seguridad jurídica: Define derechos, obligaciones y procedimientos para garantizar la participación institucional.
Además, la normativa garantiza la independencia de las organizaciones representativas, dota de mecanismos de financiación transparentes y unifica criterios para el desarrollo de sus funciones.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha destacado que esta ley supone «un paso importante para la consolidación de un marco jurídico sólido, esencial para el progreso de Andalucía».
