La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) manifiesta su profunda preocupación por los efectos económicos y sociales derivados del retraso en la recuperación de la línea ferroviaria de alta velocidad con Málaga capital, interrumpida tras la borrasca de febrero, y reclama una actuación efectiva con todos los recursos necesarios.
Preocupación por los impactos económicos y sociales
Tras conocer la nueva previsión para la recuperación de la línea, la CEM expresa su profunda preocupación porque los efectos económicos y sociales que se vienen produciendo desde entonces se agravarán de manera exponencial mientras dure esta situación.
Decepción ante la gestión de las autoridades
La Confederación manifiesta su decepción ante una gestión que denota falta de eficiencia, diligencia y claridad por parte de las autoridades competentes. Especialmente, genera desconfianza con anuncios y expectativas que, finalmente, no se están cumpliendo, ahondando en el deterioro de la imagen y la confianza en la red de transporte ferroviario.
Desde el ámbito empresarial, la CEM asume la excepcionalidad de los hechos y la dificultad técnica que conlleva su resolución, pero considera que no se están atendiendo con suficiente compromiso y celeridad.
Demandas de la CEM
La Confederación demanda una acción efectiva, con la implicación y dotación de cuantos recursos sean necesarios para que Málaga recupere lo antes posible un medio de transporte esencial, tanto para su industria turística, directamente condicionada, como para el normal desarrollo de su actividad económica y social.
Además, reclama un plan de choque que ayude a las empresas y sectores afectados a compensar las pérdidas económicas que afectarán, también, al empleo. Y exige transparencia y precisión en la comunicación sobre la previsión de finalización de los trabajos.
Déficit de inversión en infraestructuras
Esto nos lleva, una vez más, a señalar la falta de atención hacia la provincia de Málaga en materia de infraestructuras: al déficit de inversión necesaria tanto para la planificación y desarrollo de nuevas infraestructuras –especialmente en materia de movilidad y energética– como para su conservación y mantenimiento. Un clamor que no persigue privilegios, sino el trato legítimo hacia una provincia con evidente peso económico y demográfico en el conjunto de España.
