El tranvía de Alcalá continúa en un «marasmo jurídico y administrativo» que impide  conseguir los fondos europeos necesarios para su puesta en marcha. Este sería el resumen del balance que ha realizado el viceconsejero de la Junta Jaime Raynaud en una reunión mantenida con la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá y con la Federación de Asociaciones de Vecinos Alguadaíra.

Actualmente el trabajo alrededor del tranvía de Alcalá se centra en desenredar la parte de la tramitación administrativa de las obras realizadas ya que faltan certificaciones de obra por realizar y entrega a la UE que financia la obra. Raynaud ha confirmado que están defendiendo ante la Unión Europea el proyecto, justificando su rentabilidad para que cuente con fondos comunitarios «pese a la mala gestión del anterior Gobierno socialista, que se basó en estudios de demanda hoy obsoletos porque la crisis económica frustró el desarrollo urbanístico del municipio».

la Junta mantiene la apuesta por esta propuesta de movilidad para mejorar los problemas de conexión de Alcalá con su entorno. El viceconsejero ha explicado a la patronal y a los vecinos medidas de choque para reponer las unidades dañadas del tranvía de Alcalá de Guadaíra. Los daños, que se produjeron a lo largo de 2018, se elevan a más de 2,7 millones de euros.

El presidente de FICA, Carlos García, ha manifestado su decepción al saber que el motivo del retraso en las obras se debe a la falta de tramitación de la documentación necesaria. Según Carlos García «nos sentimos engañados porque el anterior gobierno de la Junta indicó que el tranvía estaría en funcionamiento en 2019». Desde FICA creen que esta infraestructura es clave para el desarrollo y el futuro de Alcalá tanto en el terreno económico como en el social.