Referente a las últimas palabras citadas por el Gobierno sobre el sector inmobiliario, las cuales resumo en el siguiente párrafo:
“Me dirijo a todos los españoles propietarios y propietarias de una vivienda en alquiler: les necesitamos porque hoy el parque de vivienda en alquiler en su mayor parte pertenece a propietarios particulares. A ellos me dirijo para decirles que el Gobierno y el Ministerio de Vivienda van a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías para que también desde la iniciativa privada, desde los particulares, puedan poner más vivienda a disposición del alquiler asequible.”
Es curioso que se nos necesite o reclame nuestra inversión cuando somos un sector perjudicado por la inseguridad jurídica.
Ya que cualquiera puede ocupar la vivienda y sentirse protegido por las leyes que este mismo Gobierno aplica, amparándoles con prórroga del tiempo en la suspensión de desahucios acogiéndose a la situación de vulnerabilidad.
Y el problema no es que haya personas que necesiten ayuda, al contrario, hay que ayudar al que lo necesita. El problema está en que muchos se aprovechan de un sistema constituido en “paguitas” que se les compensa a las “personas sin recursos”, con salarios que el español trabajador tiene que sacrificar con su esfuerzo.
También podemos resaltar la Ley por el Derecho a la Vivienda que fue aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022, por el Congreso el 27 de abril de 2023 y definitivamente por el Senado el 17 de mayo. El 25 de mayo se publicó en el BOE como la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Esta ley que pretendía ayudar a los precios del alquiler ha tenido consecuencias negativas, ya que muchos propietarios han decidido no alquilar o simplemente vender la vivienda.
Los que alquilan suelen pedir unos requisitos como exigir un seguro de impago de alquiler que prácticamente es como pedir una hipoteca, y los que deciden vender se quitan el problema de ocupación o de inquilinos problemáticos.
Y el posible efecto de área de alta demanda donde te limitan el precio de la renta dejando de ser atractivo el beneficio para inversores.
Hay un gran problema de viviendas ocupadas de propiedad privada que son responsabilidad de las administraciones públicas. De hecho, los ministerios pertinentes disponen de dinero de los contribuyentes para ayudar a las familias con dificultades, y el dinero para la compra de vivienda de los fondos públicos no se amortiza ni el 20% del dispuesto.
Desconozco dónde va el resto del dinero que no se amortiza, lo que sí está claro es que no realizan bien los procesos de adquisición.
La ayuda debe ser mutua, tanto el respaldo a la propiedad privada como la atención y servicio a las viviendas públicas.
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