Los riesgos legales del web scraping no desaparecen porque la información sea visible públicamente. Las empresas que utilizan sistemas automatizados para comparar precios, analizar mercados, recopilar contactos o alimentar herramientas de inteligencia artificial deben comprobar si extraen datos personales, reproducen contenidos protegidos, reutilizan bases de datos o incumplen las condiciones de acceso del sitio de origen.
Los riesgos legales del web scraping comienzan con los datos personales
El web scraping permite extraer de forma automatizada grandes cantidades de información publicada en páginas web, plataformas y redes sociales. Puede utilizarse para seguir precios, localizar oportunidades comerciales, estudiar competidores, crear directorios, generar bases de datos o desarrollar servicios digitales.
La Agencia Española de Protección de Datos advierte de que, cuando la información recopilada contiene datos personales, la extracción constituye un tratamiento sometido a la normativa de protección de datos. La publicación previa de un nombre, una fotografía, una dirección profesional o un comentario no convierte esos datos en recursos de uso libre.
Una empresa debe identificar la base jurídica que permite el tratamiento, definir una finalidad concreta y limitar la recopilación a los datos necesarios. El Reglamento General de Protección de Datos exige que la información se trate de forma lícita, leal y transparente, para fines determinados y sin conservar más datos de los necesarios para el proyecto.
Cuando los datos no se obtienen directamente de la persona afectada, también debe analizarse el deber de información. La normativa contempla que el responsable comunique, entre otros aspectos, la finalidad, la base jurídica, las categorías de datos, su procedencia, los destinatarios y el plazo de conservación. La Ley Orgánica de Protección de Datos permite facilitar una información básica y remitir a un medio accesible donde se encuentre el contenido restante.
La necesidad de una evaluación de impacto dependerá del alcance y del riesgo. Puede resultar obligatoria cuando el tratamiento emplee nuevas tecnologías, analice datos a gran escala, elabore perfiles o pueda afectar de manera significativa a los derechos de las personas.
El Comité Europeo de Protección de Datos publicó el 8 de julio de 2026 unas directrices sobre web scraping aplicado a la inteligencia artificial generativa. El texto se encuentra en consulta pública hasta el 30 de octubre, por lo que todavía no constituye su versión definitiva.
Las bases de datos y los contenidos pueden estar protegidos
La segunda revisión afecta a la propiedad intelectual. Una página puede incluir hechos o datos que, considerados de forma aislada, no estén protegidos, pero también textos, fotografías, vídeos, gráficos, programas informáticos y otros contenidos cuyos titulares conservan derechos de explotación.
Las bases de datos cuentan, además, con un régimen específico. La legislación permite al fabricante impedir la extracción o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial cuando la obtención, verificación o presentación de su contenido haya requerido una inversión relevante. También puede impedir extracciones repetidas de partes pequeñas cuando perjudiquen la explotación normal de la base o sus intereses legítimos.
Esto significa que una pyme no debe valorar únicamente cuántos registros descarga en cada consulta. También debe revisar la frecuencia, el volumen acumulado, la finalidad y el efecto que la extracción puede causar sobre el servicio original.
La normativa reconoce determinados límites para la minería de textos y datos. El Real Decreto-ley 24/2021 permite realizar reproducciones y extracciones sobre contenidos a los que se haya accedido legítimamente, pero esa posibilidad puede quedar excluida cuando los titulares hayan reservado expresamente esos usos mediante sistemas de lectura automática u otros medios adecuados. La excepción tampoco elimina las obligaciones derivadas de la protección de datos.
Las condiciones de uso también deben revisarse
Los avisos legales y las condiciones del sitio pueden establecer restricciones sobre el acceso automatizado, la reutilización comercial, la frecuencia de las consultas o la creación de servicios derivados. Su alcance debe estudiarse en cada caso, especialmente cuando el usuario haya aceptado expresamente esas condiciones o acceda mediante una cuenta o una interfaz privada.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó en el asunto Ryanair contra PR Aviation que la falta de protección de una base de datos mediante derechos de autor o el derecho específico sobre bases de datos no impide necesariamente que su creador establezca limitaciones contractuales, sin perjuicio de lo que disponga la legislación nacional aplicable.
La presencia de barreras técnicas, sistemas de autenticación o límites de consulta también debe formar parte del análisis. Superar medidas de control no es equivalente a recopilar información mediante una navegación ordinaria y puede incrementar los riesgos contractuales y jurídicos.
La reutilización de información puede plantear igualmente cuestiones de competencia desleal cuando se acompaña de engaño, confusión, explotación de la reputación ajena, violación de secretos empresariales u otras circunstancias previstas legalmente. La mera extracción no determina por sí sola que exista una conducta desleal: deben estudiarse el método, la finalidad y el impacto real.
Qué debe comprobar una pyme antes de contratar el servicio
Externalizar el scraping no traslada automáticamente toda la responsabilidad al proveedor tecnológico. La empresa que decide para qué se recopila y utiliza la información puede continuar actuando como responsable del tratamiento, mientras que el prestador tendrá la posición que corresponda según su intervención efectiva.
Antes de iniciar el proyecto conviene documentar qué datos se obtendrán, de qué páginas procederán, con qué frecuencia se actualizarán y para qué se utilizarán. También deben definirse los plazos de conservación, las medidas de seguridad, las posibles transferencias internacionales y el procedimiento para atender solicitudes de acceso, oposición o supresión.
El contrato debería aclarar quién configura la herramienta, quién controla las fuentes, cómo se responde ante una reclamación y qué ocurre si una web modifica sus condiciones o solicita el cese de la extracción. También resulta necesario comprobar si el proveedor subcontrata infraestructura o servicios de inteligencia artificial.
El web scraping no es ilegal por definición, pero tampoco dispone de una autorización general. Cada iniciativa exige una evaluación adaptada a los datos, los contenidos, las fuentes y el uso previsto. Para las pymes, realizar esa revisión antes de automatizar la recopilación puede evitar que una herramienta diseñada para ahorrar tiempo origine reclamaciones, interrupciones del servicio o costes jurídicos imprevistos.
